ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, 2(3), 304-364.
/ 27953 / ES / Artículos / Ordenación del territorio / Urbanismo – Derecho / Utilización del suelo
🔓 Ed. digital: E-ISSN 1886-4805
Cita APA-7: Maguregui Salas, Iñigo (2007). Planteamientos básicos y ejes estratégicos de la Ley Vasca 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo. ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, 3, 304-364.
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https://upcommons.upc.edu/handle/2099/2543
[.es] Cincuenta años después de la aprobación de la primera ley de suelo en el Estado español, la doctrina sigue discutiendo sobre el siguiente extremo: ¿Debe ser el Urbanismo considerado como una función pública o simplemente debe limitarse a regular la actividad del mercado del suelo ordenando la forma de obtención privativa por la propiedad del suelo de las plusvalías generadas por la acción urbanística? Evidentemente no es objeto de este artículo hacer un exhaustivo análisis de los posicionamientos históricos sobre esta cuestión pero el entendimiento de determinadas opciones de los legisladores estatales y autonómicos en materia de régimen del suelo y del urbanismo sólo puede ser comprendido a la luz de la toma de posición concreta respecto a esta cuestión. Sobre la base de un diagnóstico compartido – la carestía del suelo y de la vivienda, la lucha contra la especulación – las recetas propuestas por las posiciones más conservadoras – partidarios del libre funcionamiento del mercado de suelo y vivienda - y las progresistas – defensores de la función pública urbanística, de la planificación territorial y urbanística y de la intervención pública en el mercado de suelo y de vivienda – siguen siendo irreconciliables. Aunque desde el punto de vista estrictamente económico pueda considerarse que el suelo y la vivienda son productos del mercado de bienes y servicios, sus características de bienes de primera necesidad y el hecho que su oferta y demanda tengan un carácter marcadamente local explica que el sistema urbanístico español haya intentado históricamente compatibilizar el contenido y el régimen jurídico-económico de la propiedad urbana con los objetivos públicos de asegurar que la producción de suelo urbanizado para usos residenciales y de actividad económica se ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
